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Por Lía Ghelfi
La eliminación, por decreto, del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, impulsado durante la gestión de Alberto Fernández, ha generado un debate entre los distintos sectores. Esta medida, firmada por el presidente Javier Milei y su equipo de ministros, ha dado paso a una controversia sobre su efectividad y sus implicancias para el desarrollo productivo regional y la reactivación económica. La decisión de derogar el programa ha sido justificada por el actual gobierno como parte de un esfuerzo por reducir el gasto público y eliminar lo que consideran habría tenido “arbitrariedades” en la asignación de recursos a ciertas provincias. Sin embargo, parte del sector industrial alertó sobre los efectos negativos que esta medida podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el desarrollo de áreas alejadas de los grandes polos productivos.
El Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, creado en 2020, fue diseñado para fomentar la inversión en parques industriales, mediante la asignación de Aportes No Reintegrables (ANR) y créditos a tasa bonificada. Su objetivo era facilitar la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuevos polos industriales en distintas regiones del país, especialmente en localidades más distantes de los grandes centros urbanos. Además, se proponía como una herramienta para promover el empleo, el desarrollo económico y la reactivación de sectores productivos que estaban rezagados.
Desde el gobierno de Milei, se ha argumentado que este programa, y especialmente los beneficios fiscales y financieros que otorgaba, se asignaron de manera arbitraria a ciertas provincias y municipios. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó la medida al señalar que el proceso de distribución de los fondos había sido discrecional, favoreciendo a determinadas regiones sin un criterio claro. En sus declaraciones, Sturzenegger denunció que el programa estaba beneficiando a gobiernos cercanos al poder político de turno, lo que podría haber generado prácticas clientelistas. El argumento principal del gobierno es que esta era una política que “transfería recursos del contribuyente a otros actores”, lo que, en su opinión, socavaba la confianza en la gestión pública.
Por otro lado, algunos empresarios y representantes del sector industrial no han tardado en criticar la eliminación del programa. En particular, la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) se ha alzado contra la medida, alertando sobre las consecuencias que tendrá para el desarrollo regional. Destacan que la eliminación de los ANR supone una limitante para los parques industriales más alejados de los centros productivos, aquellos ubicados en municipios pequeños, que dependen de estos subsidios para poder llevar adelante obras de infraestructura inicial, como cercos perimetrales y caminos internos. Sin este apoyo, la competitividad de las empresas radicadas en estos parques podría verse afectada, ya que las inversiones necesarias para su desarrollo se vuelven aún más difíciles de financiar. Estas afirmaciones fueron respondidas públicamente por el presidente de APIA, Rodolfo Games, quien declaró “si tiene pruebas, vaya a la justicia. Usted es funcionario público”.
Otras entidades del sector, como Red Parques, entienden que la medida está en línea con el criterio económico que lleva adelante el actual gobierno nacional, y no con la falta de valoración de los parques como herramientas de desarrollo, ratificando la disposición a colaborar en el análisis de otros caminos posibles de financiamiento.
El desafío que se plantea ahora es cómo las provincias y los municipios van a financiar las obras y la asistencia técnica que requieren. De hecho, algunas ya vienen trabajando en el autofinanciamiento de los parques industriales. Un ejemplo es Neuquén, donde recientemente se presentó el Plan Industrial que prevé inversiones en los agrupamientos locales con fondos propios para el 2025. Aseguran contar con más del 80 por ciento de los mismos.
Si bien el gobierno actual ha argumentado que el programa era ineficaz y que no cumplía con los objetivos propuestos, los datos oficiales parecen sugerir que una parte significativa de los recursos asignados no se utilizó de manera efectiva. La Secretaría de Industria y Comercio ha señalado que muchos de los proyectos financiados no se ejecutaron en tiempo y forma, y que, en algunos casos, los fondos fueron mal utilizados o destinados a fines políticos. Estos datos alimentan la postura del gobierno, que considera que la eliminación del programa es una medida necesaria para evitar el uso discrecional de los recursos públicos. Estas afirmaciones fueron respondidas públicamente por el presidente de APIA, Rodolfo Games, quien declaró “si tiene pruebas, vaya a la justicia. Usted es funcionario público”.
Algunos empresarios señalan que, aunque es cierto que el programa necesitaba ajustes y una mayor supervisión, su eliminación abrupta sin una alternativa clara puede tener efectos negativos a largo plazo. La falta de infraestructura adecuada en algunas regiones podría profundizar la desigualdad entre los polos industriales más desarrollados y los más alejados, dificultando la radicación de nuevas empresas y el fortalecimiento del tejido productivo en el interior del país. Esto, a su vez, podría tener un impacto negativo en el empleo y en la competitividad de las pequeñas y medianas industrias.
Es importante señalar que la cuestión de los parques industriales y su financiamiento no es un tema nuevo en la política argentina. Durante la gestión de Alberto Fernández, se buscaba, con el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, llevar adelante una estrategia de desarrollo más inclusiva y equitativa. A pesar de las críticas a la implementación de este programa, la idea central era mejorar las condiciones para las empresas y promover una expansión ordenada de la infraestructura industrial, que favoreciera tanto a las grandes como a las pequeñas empresas, generando empleo y crecimiento en diversas regiones del país.
La eliminación del programa por parte del gobierno de Javier Milei refleja un enfoque más conservador en términos fiscales, basado en la necesidad de reducir el gasto público y evitar lo que consideran un “derroche” de recursos en subsidios y ayudas económicas. Sin embargo, también pone en evidencia una falta de consenso en torno a cómo se debe fomentar el desarrollo industrial en el país, especialmente en un contexto de crisis económica donde se necesita una política industrial que contemple tanto la reducción del déficit fiscal como el impulso a la producción nacional.
En conclusión, la derogación del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales pone en evidencia un dilema clave para la política económica de Argentina: cómo equilibrar el ajuste fiscal con el impulso a la inversión y el desarrollo regional. Si bien es comprensible que el gobierno busque evitar el uso discrecional de los recursos, la falta de alternativas claras para los parques industriales podría tener efectos negativos en la reactivación económica y en el fortalecimiento del aparato productivo en las provincias más distantes de los grandes polos industriales. Este es un tema que sigue abierto al debate y que exige una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo que Argentina quiere seguir.
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