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Ayer, 4 de junio, mediante un expediente dirigido al Senado de la Provincia de Buenos Aires, las autoridades de CGERA (Confederación General Empresaria de la República Argentina), Marcelo Fernández (presidente) y el Marcelo Girard (secretario general), así como también empresarios locales, expresaron su firme rechazo a la reciente modificación del artículo 48 de la ley 11.653, que actualmente cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados provincial.
El principal motivo del rechazo y la causa de la gran preocupación en el sector empresarial es que la modificación propuesta afecta la fórmula utilizada para establecer las indemnizaciones laborales.
El proyecto de ley modifica la forma en que se calculan los intereses en las sentencias por juicios laborales, proponiendo que el monto indemnizatorio que se condene al empleador se actualice según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 6% anual. Este cálculo se aplicaría desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente.
Los empresarios argumentaron que este sistema de actualización resulta en un monto desproporcionado, sin considerar la realidad económica de las empresas demandadas. El CER , basado en el índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), incluye una capitalización diaria, lo cual contraviene el artículo 770 del Código Civil y los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 (en versión ley 25561).
Además, señalaron que el CER originalmente se diseñó como un índice y no como una tasa, y su uso actual para la actualización de créditos laborales es inapropiado. Este coeficiente surgió de la conversión forzosa de depósitos bancarios en moneda extranjera a pesos, y su consideración como una tasa adecuada para créditos laborales es errónea, según los empresarios.
La aplicación de esta tasa de actualización, según los empresarios, no resuelve la problemática de la depreciación de los créditos laborales y, por el contrario, genera un impacto significativo en las empresas, comprometiendo su viabilidad y llevando a posibles cierres o reducciones de personal.
Ante esta situación, los empresarios, incluyendo al Presidente de CGERA (Confederación General Empresaria de la República Argentina), Marcelo Fernández, y el Secretario General de CGERA, Marcelo Girard, exhortan a los senadores provinciales a entablar un diálogo urgente con el sector empresarial para reconsiderar esta modificación legislativa. Insisten en la necesidad de revisar el tratamiento de la ley y no avanzar en su aprobación hasta que se evalúen plenamente las consecuencias adversas para las PYME y la generación de empleo.
También, destacan la importancia de encontrar un parámetro de tasa más adecuado dentro del sistema bancario, sin una actualización adicional, para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores.
Para concluir, el sector empresarial local se mantiene firme en su rechazo a la modificación del artículo 48 de la ley 11.653 y solicita una revisión exhaustiva del proyecto de ley, advirtiendo sobre los graves perjuicios que podría acarrear para las PYME y el mercado laboral.
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