“Nuestro desafío es construir sistemas productivos más complejos”

 

Fuente: Suplemento Parques Industriales

El economista jefe de la UIA analiza la problemática del tipo de cambio, el régimen de Compre Trabajo Argentino, el desempleo y los factores que atentan contra la competitividad. Además, evalúa la aplicación de la Ley Pyme, pondera la reforma de la Ley de ARTs y hace un balance de estos dos años de gestión.

Ser competitivos, además de productivos, es una de las grandes preocupaciones que desvela a muchos de los industriales argentinos, y no sólo a ellos. Por eso, la primera pregunta al economista de la Unión Industrial Argentina, Diego Coatz*, tiene que ver con los principales factores que atentan contra la competitividad en nuestro país.

La base industrial argentina es muy compleja y sólo se compara con Brasil y –en parte– con algunos nichos de México. Muchos sectores tienen buena tecnología y productividad, pero se les hace muy difícil competir. En términos de importancia, ello se debe en primer lugar al costo logístico, que creció muchísimo por el tema del transporte y la distancia de los grandes centros urbanos. Hay una gran dificultad de escala en los trasportes de carga porque no se usan medios eficientes como el tren o las hidrovías.
El segundo punto se vincula con el costo financiero producto de un sistema muy pequeño que, si bien es muy líquido y sustentable, tiene la profundidad de un sistema propio de África subsahariana, con tasas de interés muy altas, escaso crédito para capital de trabajo y plazos cortos.
El tercer tema es la transición energética necesaria hasta poder converger a un precio competitivo debido a que parte del subsidio a la oferta es solventado por el sector industrial.
En cuarto lugar está el tema de la productividad del trabajo, donde hay dos grandes ejes: el ausentismo que, si bien no es muy generalizado, presenta variaciones sectoriales y regionales importantes. El otro eje son los costos de las cuasi rentas como, por ejemplo, la litigiosidad laboral.
En los últimos diez años la siniestralidad cayó a la mitad, pero los costos asociados a la litigiosidad se multiplicaron por tres o por cuatro. Hoy está en un promedio del 6% y en algunos sectores se ubica en el 12%. Esto implica un costo directo para la empresa y una pérdida de competitividad que ni siquiera se convierte en una mejora de salario del bolsillo del trabajador, pues es una cuasi renta, que no existe en ningún país del mundo y es apropiada por un sistema de estudios de abogados. Vemos que se está trabajando en solucionar este tema y, en ese sentido, creemos muy positiva la reforma de la ley de ART.
Finalmente, hay una serie de reformas tributarias que por el momento son más perjudiciales para unos sectores que para otros, en especial las economías regionales a las que se le han eliminado una serie de incentivos destinados a quienes se radicaban más lejos de Buenos Aires. En este sentido, es vital ir haciendo ajustes teniendo en cuenta lo heterogénea que es Argentina.
El tema es la velocidad de la transición hasta converger en una economía que tenga mejor sistema de transporte, profundidad del sistema financiero, costos energéticos competitivos y elimine las cuasi rentas. Es importante ver cómo maniobra el Estado estos temas para evitar que se tome el atajo de la importación donde hay producción nacional.

¿Qué opinión tiene de la aprobación por parte de Diputados del régimen de Compre Trabajo Argentino?
Es una de las medidas más importantes que está llevando adelante el Gobierno, porque la ley anterior no se aplicaba. Esta ley es muy moderna, aumenta las preferencias para Pymes, tiene transferencia tecnológica e incluye a toda la administración pública. La clave será que se la aplique, que el sector privado esté al tanto de las licitaciones y que el sector público tenga equipos técnicos y políticas para que a las Pymes les lleguen sus beneficios, en especial con el ambicioso plan de infraestructura que se está ejecutando con fondos públicos y de los Programas de Participación Público-Privada (PPP).
Esta ley, junto con tecnología y calidad, con una política comercial inteligente –teniendo en cuenta el combate al comercio desleal– y una mejora del financiamiento que incluya el mantenimiento de las líneas de crédito productivo y un mayor desarrollo del BICE son los ejes de la política productiva actual. Si a esto la sumamos cierta mejora de Brasil, es posible que logremos mantener una senda de crecimiento.

El dólar en estas semanas tuvo un reacomodamiento, un viejo reclamo de los industriales. ¿Con esto alcanza?
Es un mito que para el industrial todo sea el tipo de cambio. Es un instrumento relevante de la política macroeconómica, pero la competitividad incluye un conjunto de variables que tienen en cuenta todos los temas que hacen a los costos y la productividad, y que van desde las políticas de Estado, como infraestructura, costos financieros y energéticos, hasta el esfuerzo que hacen las empresas a nivel micro, hacia adentro de las fábricas, en materias como incorporación de tecnología y formación de trabajadores. La competitividad se juega en esa cancha.
Variables como el tipo de cambio no se pueden ver a corto sino a mediano plazo, por eso el pedido del industrial es conocer cuál será el tipo de cambio independientemente de las oscilaciones que tenga. Por ejemplo, no se pueden resolver todos los desafíos de la cadena textil e indumentaria sólo con el tipo de cambio, como tampoco se puede pensar en usar el tipo de cambio para protegerse de costos asiáticos. En esos casos, se requiere una política sectorial que se complemente con la macro.

¿Es posible competir contra el costo asiático?
Se compite de dos formas. En el corto plazo, utilizando los instrumentos frente a las prácticas desleales como el dumping social, ambiental y demás. También se pueden instrumentar reglamentos técnicos para ponderar la calidad de los productos. En el mediano plazo, con incorporación de tecnología y diferenciación de producto, ésas son las herramientas que, por ejemplo, le permiten a Estados Unidos competir con China en materia de hilados y tejidos.

Es un mito que para el industrial todo sea el tipo de cambio.

Cuando competimos en tecnología suele ocurrir que ésta es intensiva en capital intelectual pero escasa en mano de obra. ¿Cómo se resuelve esa dicotomía en un país con altas tasas de desocupación y de empleo informal como el nuestro?
Hay sectores como el de software o el de servicios creativos basados en el conocimiento que son muy intensivos en trabajo, pero la productividad de ese trabajador –ingeniero o muy calificado– es muy alta. Lo mismo ocurre en una empresa que hace confección pero que tiene diseño de producto, indumentaria y posicionamiento de marca internacional: esa empresa es intensiva en empleo pero el valor por unidad de ese diseñador es mucho más alto que el de un confeccionista.

Pero en casos como el del software, está requiriendo un recurso humano con competencias que no son las que abundan en los núcleos duros del desempleo…
La industria argentina tiene tres clases de sectores y cada uno tiene su rol, y eso es lo que debe tener en cuenta una política pública: uno que exporta, tiene desarrollo, tecnología y buen posicionamiento internacional; otro que podría llamarse “intermedio”, con componentes tecnológicos y de exportación, y otro al que se le pide generación de empleo, como ser confecciones, algunas ramas de la metalmecánica o muebles que son tan importantes en el conurbano.
La clave es construir un ecosistema productivo que permita que el desempleo deje de ser un problema: los países más robotizados por habitante son Corea del Sur y Japón y sus niveles de desempleo son muy bajos.
El porqué de esta cuestión lleva al tema del pParque Industrial en el cual hay un ecosistema que agrega valor y genera tecnología, para lo cual se requieren universidades, servicios calificados, sistemas de certificación de calidad, etc. Porque la industria requiere un conjunto de servicios que, si bien no se aprecia dentro de las fábricas, se ve en el ecosistema que las contiene y que impulsa a crear nuevos empleos en otras materias, como políticas de promoción comercial, o en el sistema educativo, que debe generar e impulsar nuevas carreras para satisfacer la demanda del sistema productivo. Nuestro desafío es construir sistemas productivos más complejos.

¿Cómo evalúa la aplicación de la Ley Pyme?
La Ley Pyme se está aplicando. Hay que recordar que eran varios “paquetes”. El de créditos y débitos se está aplicando muy bien. El de incentivos a la inversión, por una cuestión de tiempos, está arrancando ahora. Se armó el registro Pyme y se están simplificando trámites. Aún falta, pero es una muy buena ley.

¿Y con la reforma tributaria?
Este año arranca la ley tributaria y sus efectos se sentirán dentro de tres años. Estimamos que traerá complicaciones en materia de contribuciones patronales a las empresas que están lejos de Buenos Aires; perderán beneficios pues es una ley que no tiene en cuenta las heterogeneidades que presenta Argentina. Esperamos que se corrija.

¿Qué balance hace de estos dos primeros años de gestión?
Como negativo, 2016 fue más difícil de lo previsto, con más inflación y mayores importaciones que las pensadas. Es posible que haya habido un error de diagnóstico al estimar que los precios estaban fijados con el dólar paralelo y no con el oficial. Eso, sumado a una inflación más alta que la planificada, la caída de la actividad y la cuestión tarifaria, hizo que la recesión se extendiera en el tiempo y en profundidad.
Como positivo, vemos la puesta en marcha de la Ley Pyme, el mantenimiento de las líneas de crédito productivas, la puesta en marcha del BICE y un buen diálogo con Producción.
En síntesis: fueron dos años difíciles con una mejora en 2017; y el partido clave se jugará estos dos años que restan de mandato y dependerá de que los instrumentos funcionen bien y que Brasil retome el crecimiento.

* Lic. en Economía (UBA) y Máster en Economía (UBA), universidad de la que es docente. Realizó cursos y seminarios sobre desarrollo industrial y políticas públicas en los Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Taiwán, China y Suiza.
Es autor de numerosas publicaciones. Se desempeñó como consultor senior en diferentes programas para los Ministerios de Economía, de Producción y de Ciencia y Tecnología, así como en las Naciones Unidas, y consultor de empresas y de asociaciones empresariales.
Actualmente, es director ejecutivo y economista jefe en la Unión Industrial Argentina.