En el Día de la Industria, empresarios plantearon los principales obstáculos que enfrenta el sector y reclamaron condiciones para recuperar la actividad y la competitividad. La industria argentina atraviesa una etapa marcada por la contracción de la actividad, la apertura comercial y la necesidad de adaptarse a un escenario de mayor competencia internacional. En el marco del Día de la Industria, referentes del sector analizaron la situación productiva del país y plantearon una serie de condiciones que consideran necesarias para atravesar la transición económica y avanzar hacia una etapa de crecimiento sostenido.
La celebración se realizó el 2 de septiembre en la planta de Laboratorio Elea, en Los Polvorines, y reunió a más de 200 representantes de distintos sectores industriales, además de autoridades nacionales y locales y referentes del ámbito productivo. El encuentro tuvo como eje la situación actual de la industria y los desafíos que plantea la transformación de la economía argentina.
Durante el acto, el presidente de la entidad industrial, Martín Rappallini, sostuvo que la Argentina necesita construir un “puente” entre el proceso de estabilización económica y una eventual etapa de crecimiento. Según explicó, ese proceso debería permitir sostener la actividad y preservar las capacidades productivas existentes sin poner en riesgo el equilibrio macroeconómico.
Una industria que transforma y genera valor
Uno de los conceptos centrales del encuentro fue el papel de la industria como generadora de valor. La capacidad de transformar materias primas y recursos en productos elaborados fue presentada como uno de los principales activos de una economía.
En ese sentido, se destacó que detrás de cada fábrica existe un entramado compuesto por proveedores, trabajadores especializados, profesionales, científicos, universidades y centros tecnológicos. Ese conocimiento acumulado a lo largo de los años constituye, según el planteo realizado durante el acto, un capital productivo que no siempre aparece reflejado en los balances de las empresas.
El sector farmacéutico fue utilizado como ejemplo de ese entramado industrial. En ese rubro, se señaló que los laboratorios nacionales destinan alrededor de US$300 millones anuales a la ampliación y modernización de sus instalaciones productivas, además de contar con presencia en distintos mercados de Sudamérica.
La mirada planteada durante la jornada apuntó a que disponer de recursos naturales o capital financiero no resulta suficiente para garantizar el desarrollo. La capacidad de transformar esos recursos, generar productos y construir cadenas de valor también resulta determinante para sostener la generación de riqueza.
Una actividad todavía por debajo de 2022
El escenario actual presenta, sin embargo, dificultades concretas para las empresas industriales. De acuerdo con los datos expuestos durante el encuentro, la actividad manufacturera se encuentra 10% por debajo de los niveles registrados en 2022, mientras que algunos sectores acumulan retrocesos de entre 25% y 30%.
La situación también tuvo impacto sobre el empleo. Desde agosto de 2023, la industria perdió alrededor de 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según las cifras presentadas.
A este contexto se suma una mayor apertura de la economía, que expone especialmente a las actividades vinculadas con los bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden ser importados o exportados.
El planteo realizado durante el acto fue que aproximadamente el 25% de la economía argentina está directamente expuesto a esa competencia internacional y que una parte significativa de la industria se encuentra dentro de ese universo.
Por eso, la competitividad se convirtió en uno de los principales ejes del debate. Las empresas industriales deben enfrentar precios y condiciones definidos por los mercados internacionales, pero al mismo tiempo continúan afrontando costos internos vinculados con impuestos, logística, infraestructura, financiamiento y energía.
Precios industriales y desinflación
Otro de los datos destacados estuvo relacionado con la evolución de los precios. Durante los últimos dos años, mientras los servicios registraron un incremento cercano al 400% y el nivel general de precios aumentó alrededor de 190%, los precios industriales crecieron aproximadamente 140%.
La diferencia fue presentada como una señal del esfuerzo realizado por la industria durante el proceso de estabilización y desinflación de la economía.
Sin embargo, desde el sector se advirtió que la reducción de la inflación no debería ser el único indicador utilizado para evaluar el desempeño de la economía real. La recuperación de la producción, el empleo, el crédito y la inversión también fueron señalados como variables fundamentales para consolidar una etapa de crecimiento.
Los siete desafíos para la transición
En este contexto, se plantearon siete áreas consideradas prioritarias para acompañar la transformación económica.
La primera es la recuperación del crédito, tanto para capital de trabajo como para inversión, vivienda y consumo. El objetivo es que el sistema financiero pueda canalizar el ahorro hacia la producción y contribuir a transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento.
El segundo punto está relacionado con el costo argentino. La reducción de la carga tributaria, la eliminación de impuestos acumulativos y la mejora de las condiciones generales de producción fueron señaladas como herramientas necesarias para aumentar la competitividad.
En ese marco, también se mencionaron los ingresos brutos, sellos, tasas municipales, el impuesto a los créditos y débitos y la carga sobre la renta empresarial. La propuesta consiste en avanzar hacia una reducción gradual y coordinada de la presión fiscal sobre la producción.
El tercer eje es la competencia desleal. El contrabando, la subfacturación, la informalidad y el incumplimiento de normas de calidad y seguridad fueron identificados como factores que generan diferencias entre los productos nacionales y aquellos que ingresan al mercado por circuitos irregulares.
Según lo expresado durante el encuentro, en algunos sectores los productos que ingresan mediante canales de contrabando representarían entre 30% y 50% del mercado. Frente a este escenario, se planteó la necesidad de fortalecer los controles y garantizar reglas de competencia equitativas.
Energía e infraestructura, dos factores clave
La energía ocupó otro lugar central en el análisis. La Argentina cuenta con importantes recursos de gas, petróleo y energías renovables, y el desarrollo de esos recursos fue presentado como una oportunidad para mejorar la competitividad industrial.
En particular, se destacó el potencial de Vaca Muerta no solamente como plataforma para exportar energía, sino también como una herramienta para impulsar otras exportaciones argentinas.
El desafío señalado es garantizar el abastecimiento y el acceso a energía a precios competitivos en todo el territorio. Durante el invierno de este año, algunas industrias, especialmente pequeñas y medianas empresas del norte del país, recibieron facturas de gas y energía que llegaron a multiplicarse entre tres y cinco veces.
Ante esa situación, se planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan amortiguar el impacto de esos aumentos o facilitar alternativas de financiamiento para las empresas afectadas.
La infraestructura constituye otro de los componentes del denominado costo argentino. El estado de las rutas, las demoras en los puertos, las limitaciones de la red ferroviaria, la falta de infraestructura eléctrica y gasífera, los problemas de conectividad y las dificultades en los pasos fronterizos inciden directamente sobre los costos de producción y transporte.
Por eso, se planteó acelerar las inversiones en rutas, puertos, ferrocarriles, energía y conectividad, mediante concesiones, licitaciones y esquemas de inversión público-privada, junto con inversión estatal en aquellos proyectos que el sector privado no pueda desarrollar por sí solo.
Morosidad y financiamiento para las empresas
Las dificultades financieras también forman parte del escenario actual. El fuerte incremento de las tasas de interés registrado durante el año pasado elevó el costo del financiamiento y llevó a numerosas empresas, particularmente pymes, a acumular deudas.
La caída de la actividad también afectó la capacidad de algunas compañías para cumplir regularmente con sus obligaciones fiscales.
Frente a este panorama, se planteó la posibilidad de establecer mecanismos para reprogramar deudas bancarias y fiscales, regularizar situaciones de morosidad y acompañar a las empresas que atraviesen dificultades transitorias.
También se reclamó acelerar la devolución de los saldos a favor acumulados por las compañías, al considerar que esos recursos forman parte del capital de trabajo necesario para afrontar salarios, proveedores, impuestos y producción.
Modernización laboral
El último de los grandes ejes abordados fue la modernización de las relaciones laborales y la reducción de la litigiosidad.
La nueva legislación laboral fue presentada como un punto de partida para actualizar las condiciones de trabajo y adaptar los convenios colectivos a una realidad productiva diferente de la existente décadas atrás.
El desafío, según se planteó, será trasladar esas herramientas al ámbito de las empresas mediante el diálogo entre trabajadores y empleadores.
La reducción de la litigiosidad también fue señalada como un aspecto relevante para generar mayores incentivos a la contratación. La posición expresada durante el encuentro fue que un mercado laboral en el que incorporar trabajadores implica asumir riesgos difíciles de prever puede desalentar tanto la creación de empleo como la inversión.
El sector privado como motor de crecimiento
El debate también estuvo atravesado por una definición sobre el modelo económico. La propuesta expuesta durante el acto plantea que el sector privado debe recuperar un papel central como motor de la economía, mientras el Estado debe concentrarse en generar condiciones de estabilidad, reglas claras, infraestructura y un marco competitivo.
En esa línea, se mencionaron como prioridades la estabilidad macroeconómica, el acceso al crédito, la reducción de impuestos y regulaciones innecesarias, la inversión en infraestructura y energía, la capacitación y una mayor integración comercial.
El objetivo final es que las empresas puedan competir internacionalmente en condiciones más equilibradas y que la apertura económica se traduzca en mayores niveles de producción, inversión y exportaciones.
Una discusión que excede a la industria
Hacia el cierre del encuentro, se remarcó que la industria representa aproximadamente 18% del Producto Bruto Interno, 20% del empleo y alrededor de 30% de la recaudación, además de sostener cadenas de valor integradas por miles de empresas en distintas regiones del país.
Desde esa perspectiva, el desarrollo industrial fue presentado como parte de una discusión más amplia sobre el futuro económico de la Argentina.
El planteo también incluyó un llamado a dejar de lado las descalificaciones hacia quienes producen e invierten. Las diferencias sobre las políticas económicas, se sostuvo, pueden formar parte del debate democrático, pero deberían estar acompañadas por respeto hacia quienes desarrollan actividades productivas y asumen riesgos empresariales.
La jornada concluyó con una referencia a Juan Bautista Alberdi y su defensa del trabajo y de la actividad industrial. El mensaje general apuntó a que la industria, junto con sectores como el agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento, puede ocupar un lugar central en una nueva etapa de crecimiento y desarrollo para el país.