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En el desarrollo sostenible y la administración de un nuevo Parque Industrial, el impacto ambiental cobra cada vez más protagonismo. Trabajar desde la prevención conociendo las regulaciones es clave para evitar complicaciones y que lograr que el agrupamiento sea un instrumento de cuidados más efectivos del medioambiente.
Instalar o aggiornar un Parque Industrial requiere tener en cuenta esas normas y regulaciones que la columnista especializada Patricia Malnatti, junto a la conductora del programa radial Conexión Parques, Lía Ghelfi, y equipo, consultaron a Manuel Frávega, partner at Beccar Varela e integrante del Departamento de Ambiente de la UIA.
“Los Parques Industriales son los grandes aliados del desarrollo sostenible por todo lo que aportan, y por lo tanto son un actor muy importante en la agenda ambiental y climática”, comenzó diciendo Frávega, luego que la especialista sostuviera que “la agenda ambiental y climática viene creciendo y es un desafío para el país y para la región, con el cumplimiento de los ODS como eje de esa agenda.
Las industrias, la instalación y el avance de la gestión ambiental así como las normas y rlas egulaciones a cumplir fueron los temas abordaros en la entrevista.
Frávega especificó que desde el punto de vista regulatorio, hay tres o cuatro cuestiones fundamentales, algunas de ellas reguladas a nivel nacional por las leyes nacionales de presupuestos mínimos que establecen los estándares generales que se deben aplicar en todas las jurisdicciones, y después cada provincia va regulando a nivel de detalle sobre ciertos temas en particular, especificó.
Según aclaró, la aptitud del suelo para ser usado antecede al gran permiso ambiental, el madre o central, que es lo que habitualmente se llama la declaración de impacto ambiental.
A la hora de desarrollar un parque industrial nuevo o de modificar, ampliar, etc, uno ya existente, la autoridad ambiental realiza un análisis del proyecto, en virtud del estudio presentado, con las distintas características del parque, los posibles riesgos, los aspectos ambientales, lo que la lleva a aprobar o denegar, describió, para agregar: “Normalmente se aprueban con recomendaciones, donde se establecen, por ejemplo, programas de monitoreo ambiental, del uso del agua o del aire, de la gestión de los residuos. Este permiso deriva en otros, de lo que es salida del aire, la captación y el vuelco del agua, los efluentes, que son temas centrales a la hora del funcionamiento de un Parque Industrial”.
La participación ciudadana está cada vez más presente en la actividad desde un punto de vista regulatorio.
Explicó que “antes de emitir un permiso, como la declaración de un impacto ambiental, las autoridades someten a participación pública este proyecto, sea a través de audiencia pública, de hecho diría que es una excepción para este tipo de casos, o por consulta pública, que sería ponerlo a disposición de la gente, sea vía web o soporte de papel, para que hagan sus aportes. Pese a no ser vinculantes para la autoridad de aplicación, los debe evaluar”, desgranó.
De acuerdo con lo señalado por Frávega, cada jurisdicción tiene sus particularidades y exigencias. Particularmente me toca conocer lo que es la provincia de Buenos Aires, que en los últimos años duplicó los requisitos de los permisos, algo que era muy reclamado por el sector privado, ya que duraban muy poco y había que estar permanentemente renovándolos”. Actualmente, el certificado de impacto ambiental para las industrias dura cuatro años, “lo cual oxigena la parte administrativa y burocrática. No significa que haya menos control, porque el permiso certifica una primera evaluación. Y aparte hay aparte una fiscalización que sí controla los monitoreos o funcionamientos que la autoridad haya impuesto”.
C.P. -¿Cuál es la responsabilidad de los administradores de los parques respecto de la gestión ambiental de las industrias que se radican?
M.F. -Hay una vinculación entre el Parque Industrial, que brinda los grandes servicios generales, y las industrias que están insertas en él. Dependiendo del uso del suelo y demás, la característica del Parque Industrial es que no todos admiten el mismo tipo de industrias. Algunos aceptan la categoría 3, que son las de mayor riesgo ambiental, según la calificación de la normativa, otras de 2, otras de 2 y 3. Obviamente hay una responsabilidad del desarrollador y del administrador del parque en la admisión de industrias cuya categoría sea distinta a la autorizada. Y después, en la faz más operativa, si una industria que está inserta, que trabaja y puede tener alguna incidencia o desvío ambiental y deriva a los efluentes o vertidos que genera todo el parque, ahí sí puede haber responsabilidad compartida, que habría que evaluar caso por caso de acuerdo con la planificación que tenga.
Donde más se ven estos casos es con los vertidos líquidos, porque con los gaseosos es más difícil de determinar la autoría del desvío. Y por supuesto que con la peligrosidad de los residuos sólidos urbanos.
C.P: -¿Los parques tienen que contratar un seguro ambiental?
M.F.-El seguro es un instrumento previsto en la legislación, pero muchas veces se invocan pólizas que abarcan muchos riesgos, incluido el ambiental, pero el seguro ambiental, que en realidad es una caución, una garantía, ambiental, la normativa dice que debe ser contratado de una manera autónoma. Cubre algún incidente ambiental sobre el cual no responda el que lo generó, con lo que es la caución la que responde subsidiariamente ante el Estado. Si bien es específica, podría ser aplicada también al Parque Industrial.
C.P. -¿Se acortaron los tiempos de tramitación de un Parque Industrial para adaptarlos a lo que implica una inversión en infraestructura?
M.F. -Antiguamente, existía la paradoja que la autoridad ambiental debía promover el desarrollo sostenible y generalmente lo obstruía, precisamente por la demora para las inversiones greenfield, de modo que los parques no se desarrollaban o lo hacían por fuera de la ley.
En los últimos años hubo una modificación muy importante y no sólo desde el punto de vista normativo, sino también de los trámites digitales, particularmente me refiero a las autoridades ambientales de Nación, Ciudad de Buenos Aires, provincias, que incursionaron en un programa general de modernización del Estado, y se fue replicando más aún con lo que fue la pandemia.
C.P. -¿Es responsabilidad del parque ver que las empresas radicadas cumplan con las normativas de controles?
M.F. -La responsabilidad principal del funcionamiento de un adecuado proceso productivo es de la industria, pero el Parque Industrial también presta servicios a todas las empresas que están instaladas, por lo que el mal funcionamiento de una puede afectar al resto: en los vertidos, calidad del aire, ruidos, con lo cual es sugerible tener un plan de monitoreo y una auditoría de back up porque justamente puede haber una situación de responsabilidades compartidas.
-¿Qué servicios les ofrecen a los parques y a las industrias en el estudio del que es socio para prevenir las cuestiones relacionadas con el derecho ambiental, por ejemplo, las multas, las clausuras y el trabajo con el orden correspondiente?
M.F. -Beccar Varela es un estudio jurídico muy grande y que funciona hace 125 años en nuestro país, siempre en la búsqueda de la excelencia y la innovación en los servicios legales que presta. En los últimos cuatro meses recibimos cuatro premios a nivel regional por la excelencia del servicio prestado, en competencia con los principales estudios jurídicos de la región. Robustecer la prevención está también entre los objetivos, siempre es muy importante, pero en el derecho ambiental mucho más, porque es preferible prevenir a remediar por los costos ambientales, además de los económicos y sociales, que están en juego. Tenemos un programa de auditorías preventivas, de cumplimiento legal, para verificar cómo una industria, un Parque Industrial, o una actividad, están situadas, paradas, versus lo que dice la fría normativa, y a partir de ahí armar un plan de adecuación y de priorización de los riesgos, su categorización, en caso de que los hubiere. Lo hacemos tanto para Pymes, mediante un día ambiental, en el que los abogados vamos y recorremos para hacer el informe correspondiente, y lo mismo para grandes empresas y multinacionales que por ahí nos puede llevar hasta tres semanas o un mes de visitas in situ. Entonces se hace un informe pormenorizado con la especificación de incumplimientos, si hubiere, y un plan preventivo para solucionarlos.
La modernización se aprecia en el análisis jurisdicción por jurisdicción, donde se trasladó un cambio general a partir de la digitalización que trajo beneficios en términos de tiempo, transparencia, trazabilidad.
La etapa que queda por delante es la profundización del nuevo estatus ambiental.
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