Juan Lacaze, Colonia, Uruguay
El Parque Industrial de Juan Lacaze registró un aumento del 85% en el empleo fijo entre 2022 y 2026, según informó su encargado, Mario Clara. En ese período, la cantidad de trabajadores permanentes pasó de 80 a 148 personas, con 68 nuevos puestos de trabajo. El número puede incrementarse durante las temporadas de actividad zafral, cuando algunas empresas llegan a duplicar o triplicar su personal. Actualmente, el parque cuenta con 10 empresas de rubros como software, carpintería, metalurgia, lácteos, productos químicos, electricidad industrial y producción de alimentos para ganado.

Huesca, Aragón, España
La ciudad de Huesca comenzó las obras de un nuevo polígono industrial de seis hectáreas ubicado al norte del polígono de La Magantina. El proyecto contempla una inversión de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. La urbanización permitirá habilitar nuevas parcelas para empresas y ya tiene definido a su primer ocupante: Cabrero e Hijos, firma vinculada a Supermercados Alto Aragón, que instalará allí su centro logístico. El Ayuntamiento de Huesca prevé subastar las parcelas que queden disponibles. El nuevo desarrollo se suma a la infraestructura industrial de la ciudad, dos décadas después del inicio de la Plataforma Logística de Huesca (Plhus).

Yura, Arequipa, Perú
Representantes de pequeños empresarios reclamaron al Gobierno Regional de Arequipa acciones para recuperar los terrenos destinados al Parque Industrial de Yura, en medio de una disputa judicial. El proyecto reúne a 16 asociaciones y fue creado en 2014 para concentrar actividades de distintos rubros, pero sus representantes estiman que cerca del 70% de los predios habría sido invadido. La iniciativa comenzó con unos 1.760 socios y actualmente reúne alrededor de 300. Los empresarios sostienen que los terrenos están registrados con destino industrial, aunque permanecen bajo custodia y sujetos a procesos judiciales. Sus representantes apelaron una sentencia de primera instancia y solicitaron una inspección judicial para verificar la situación de los predios. El objetivo es resolver el conflicto y definir la continuidad del proyecto industrial.


